Ya somos Grecia

El Código Penal está para cumplirse.

Artículo 284: “Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años” a quienes “intentaren alterar los precios” de “títulos, valores o instrumentos financieros” o “ dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio”. Artículo 285: “Se aplicará la pena de prisión de cuatro a seis años” y una “multa del triple” de lo ganado cuando “los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas”, “el beneficio obtenido sea de notoria importancia” o “se cause grave daño a los intereses generales”.

La ley no es nueva: lleva en vigor varios años, aunque está casi sin estrenar. Aún está por llegar la primera condena relevante por especulación financiera o uso de información privilegiada en España. Sólo se ha usado para casos muy menores, como el de un parado de 26 años que se hizo pasar por un directivo de una empresa en un foro de bolsa para calentar una cotización. ¿Son todos los grandes inversores honestos e inocentes o es que nuestra policía es tonta?

Un suponer, algo utópico: ¿qué pasaría si la Fiscalía se tomases esta ley al pie de la letra y abriese una investigación sobre la escandalosa subida de la prima de riesgo española de estos días? Hay al menos tres indicios para sospechar de un delito “habitual” de “notoria importancia” contra “los intereses generales”.

El primero: que ya es casualidad que la prima de riesgo se dispare siempre en la víspera de cada subasta de deuda pública (cuando algunos venden a mansalva en el mercado secundario de deuda para hundir el precio y comprar mejor al día siguiente).

El segundo: cómo se comporta el mercado opaco de los CDS (seguros contra el impago), que permiten apostar a la baja contra bonos que no se poseen. ¿Es razonable este modelo, en el que se pueden comprar seguros contra deuda que no se posee? ¿No sería inquietante que alguien pudiese asegurar una casa ajena y ganase dinero si se quema?

El tercero: el papel de las agencias de calificación, que ya se burlan hasta de Francia.

¿Serían igual de agresivos algunos especuladores si el Código Penal se cumpliese a rajatabla?

Escolar.net

Hay alternativas

Tomado de en ca la Barbi, que le ha pedido al economista Alberto garzón que escribiera un post pa su blog explicando estas historias de la economía actual. Buenísimo!

Hay alternativas económicas

          “There Is No Alternative” fue la proclama con la que la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, convenció a la opinión pública de que sus drásticas medidas de política económica eran inevitables. Corrían los años ochenta y Thatcher comenzó el desmantelamiento del llamado Estado del Bienestar, para lo cual se centró en dos tácticas: privatizó el 60% de las empresas públicas y atacó a los sindicatos con la intención de quebrar su poder de negociación. En 1989 caía el muro de Berlin, en 1991 se disolvía la Unión Soviética y en 1992 Fukuyama escribía su famoso libro titulado “El fin de la historia”. El capitalismo había triunfado y ahora gobernaba su visión más radical, en la que el Estado estaba destinado a perder la mayor parte de su espacio. Las ideologías desaparecían (ya no era lógico hablar de izquierda y derecha) y la lucha de clases dejaba de tener sentido (tampoco tocaría nunca hablar de arriba y abajo).

          Sin embargo, en 2007 una gran crisis amenazó con hacer colapsar el sistema al completo, al emerger en el corazón mismo del capitalismo, a la vez que dejó desconcertados a los economistas de las instituciones internacionales. Dudando qué hacer, los gobiernos de toda Europa reaccionaron de forma tímida e improvisada. Hasta que por fin decidieron llevar una estrategia: más de lo mismo, de aquello que habían estado aplicando los treinta años anteriores. Y con esas llegamos a la actualidad, en la que toda Europa ha visto cómo se imponía una ola de medidas que quedaban justificadas por la misma consigna que antaño fraguó Thatcher: “No Hay Alternativa”. Recortes en la sanidad y educación pública, privatizaciones, moderación salarial, ataques a sindicatos, etc. Todas ellas medidas drásticas pero todas ellas también necesarias.

¿O no? Dos observaciones preliminares.

          Lo primero que llama la atención es que tras una crisis que se gesta como consecuencia de la aplicación de unas determinadas recetas, lo que se está recomendando es exactamente la misma medicina. Ningún médico aceptaría esto, pero en cambio sí lo hacen los economistas convencionales.

        Lo segundo que observamos es que estas medidas ya se han aplicado antes en otros sitios. Concretamente en los años treinta en Estados Unidos, en los años ochenta en América Latina, y más recientemente en nuestra vecina Grecia. Ninguna de esas experiencias tuvo resultados exitosos, más al contrario. Sólo se superó la crisis cuando se tomaron las decisiones opuestas: en caso de EEUU se aprobó el llamado New Deal, y en el caso de los países de América Latina se mandó al Fondo Monetario Internacional, y sus recomendaciones, a su casa.

Pero entonces, ¿por qué aplicar medidas que se sabe que no funcionan?

          Quizás la respuesta la encontramos cuando formulamos la pregunta de una forma más compleja. Por ejemplo, ¿qué efectos tienen sobre los diferentes sectores de la ciudadanía estos recortes? Puede decirse, de hecho, que estas medidas sí están funcionando, para algunos, pero a la vez no están funcionando, para otros.

          Si usted es una de esas personas que, si tiene suerte de tener un trabajo, cobra en torno a los mil euros, tiene que vivir con otras personas para llegar a fin de mes y además aspira a que sus hijos tengan una educación primaria, secundaria y universitaria de calidad, entonces estos ajustes lo van a hacer polvo. La reforma laboral le garantizará tener un contrato basura casi eternamente; la reforma de las pensiones le obligará a jubilarse casi a la misma edad a la que está prevista su propia muerte; los recortes en educación proveerán una educación de pésima calidad a sus hijos, amén de que le obligará a endeudarse para pagar los estudios universitarios; y los recortes en sanidad, copago mediante, le harán rezar cada día por no enfermar de gravedad por el bien de sus finanzas personales.

          Si por el contrario usted es una de esas personas que cobra por encima de los cinco mil euros y que tiene acceso a otras fuentes de ingresos (como acciones y otros productos financieros), está de enhorabuena. No podemos decir que la situación previa fuese mala, porque a buen seguro que sus ahorros e ingresos no pagaban impuestos al estar registrados en paraísos fiscales, pero lo que viene será mucho mejor. El Estado lleva varios años salvando la crisis por usted, ya que sus inversiones financieras han sido rescatadas con dinero público y además no parece probable que le vayan a subir los impuestos de los ingresos que sí declare. Si además es usted empresario, o tiene acciones en grandes empresas, podrá aprovechar mucho mejor la “flexibilidad” de sus trabajadores y acrecentar así sus beneficios y dividendos. Pero aún estará más de suerte si resulta que piensa dedicar sus ahorros a invertir en el sector de la sanidad privada, la educación privada o algún sector privatizado. Son sectores con futuro, porque todos esos ciudadanos que no quieran perder calidad tendrán que pasar por caja, su caja.

          No nos equivoquemos. Siguen existiendo las clases sociales y así será por mucho más tiempo. El Estado sólo es el terreno de lucha en el que se cristalizan los diferentes resultados de las batallas, y de momento la mayoría de la ciudadanía, trabajadora y mileurista con suerte, va perdiendo esta guerra. Y cuando se pierde resulta que otros ganan, y esos mismos que ganan imponen sus leyes, su lenguaje y hasta su agenda política (de lo que hay que hablar y de lo que no) para su propio beneficio.

          Hay alternativas, por supuesto que sí. Miles de economistas críticos así lo creemos, pero la misma historia económica nos revela también el camino. No van a anunciar estas alternativas en los grandes medios de comunicación, que son empresas y por lo tanto forman parte de la batalla, pero están en los libros de economía y en los rigurosos artículos que pululan por internet.

          España tiene problemas inmensos en su economía, pero no son debido a un excesivo Estado intervencionista sino precisamente debido a que ningún Estado puede perdurar en el tiempo dejando de financiarse de los ricos vía impuestos. En este país durante los últimos veinte años los partidos que han gobernado han competido en rebajas fiscales, reduciendo los ingresos presentes y futuros del país. Además, se han tolerado los paraísos fiscales y hemos entrado en una Unión Europea que en vez de construirse como una unión de pueblos hermanos se ha constituido como una unión de pueblos competidores y, eso sí, de bancos hermanos. Ahora hay que recomponer todo esto, y tenemos muchas fórmulas a nuestra disposición. Por ejemplo, estos cinco puntos centrales.

     1.       Fortalecer una Europa Social con una Hacienda Pública única y un sistema fiscal altamente progresivo. Es decir, hay que incrementar los impuestos a los ricos y evitar que evadan impuestos vía paraísos fiscales u otras fórmulas fiscales. Como en todo sistema social los ricos deben financiar la mayor parte de los servicios que son públicos: sanidad, educación, etc. porque eso permite una mayor cohesión social y un mejor funcionamiento económico.

   

     2.       Hay que hacer eficiente ese gasto público. Hay que mejorar la calidad de la educación y sanidad pública, amén de hacer planes de estímulo para salir de la crisis. Cuando el Estado gasta dinero de forma eficaz, ese mismo dinero sirve para crecer económicamente y por lo tanto para que las pequeñas y medianas empresas vendan y puedan contratar trabajadores.

     3.       Hay que controlar la especulación financiera. Los agentes financieros (fondos de inversión, bancos, etc.) permiten hoy a los ricos hacer inmensas ganancias con inmensos costes para la economía, y precisamente porque se toleran todo tipo de especulación financiera. Las autoridades han permitido que los bancos puedan hacer todo tipo de operaciones para hacer dinero a través del propio dinero, poniendo en riesgo la economía global y llevando a una crisis enorme. Prohibir y regular es la solución, hasta meter en vereda a las finanzas.

     4.       Creación de banca pública. La banca no puede servir a los intereses de unos pocos especuladores, sino que debe servir para financiar una actividad productiva sana y ética, permitiendo que se genere empleo. Los beneficios de la banca deben destinarse a educación y sanidad, no a acrecentar los bolsillos de grandes empresas y grandes fortunas.

     5.       Hay que auditar la deuda, impidiendo que se sigan pagando intereses a los fondos de inversión y bancos que hacen negocio con los recortes sobre la ciudadanía. Gran parte de esa deuda es ilegítima porque se corresponde con procesos especulativos contra España, contra los que ninguna autoridad ha reaccionado. Se ha permitido una dramática transferencia de rentas desde lo público hacia lo privado.

Hay programas completos con alternativas económicas viables que permitirían salir de la crisis con más empleo y bienestar social. Pero esas fórmulas suponen irremediablemente reducir los privilegios y oportunidades de negocio de una minoría que es, claro está, la minoría que ostenta el poder y los medios con los que perpetuarse en ese poder. Hablamos, por si cabe alguna duda, de las grandes fortunas y de las grandes empresas en las que recalan la mayoría de políticos que han tomado decisiones políticas a favor de los llamados “mercados” a lo largo de sus trayectorias profesionales.

          Los ciudadanos tenemos que concienciarnos claramente de esto y reconocer que nos engañaron, como conjunto, cuando aceptamos que no había arriba ni abajo ni izquierdas ni derechas, y que todos éramos iguales. Pero sobre todo debemos darnos cuenta de que sí hay alternativas a los actuales procesos de regresión social, y que resignarse a aceptarlos no es una opción. Está en juego nuestro futuro y el de nuestros descendientes.

Alberto Garzón.

«numero deus impare gaudet»: Dios ama los números impares.”

Traigo aquí, contada por él mismo, el origen del ratio déficit/PIB como criterio sagrado de la estabilidad presupuestaria.
Para los que puedan leerlo en francés, este es el enlace
a ------->  La Tribune

Para quien no, pego una traducción resumida tomada del blog  no sin mi bici



La sorprendente historia de Guy Abeille

“Soy un antiguo funcionario del Ministerio de Economía, destinado entre octubre de 1977 y junio de 1982 a la Dirección de Presupuesto. Me encargué de seguir y analizar mes a mes la ejecución de los presupuestos generales y de proporcionar a lo largo de todo el año la previsión de su saldo, y, en consecuencia, del déficit. Esta información la comunicaba redactando una nota mensual revisada y firmada por mis superiores que llegaba al ministro y, finalmente, al Eliseo.

Al final del ejercicio recibíamos la orden, en función de la proximidad de las elecciones y del clima electoral, de jugar sobre determinadas partidas poco claras de la contabilidad para arreglar el resultado que terminaría siendo publicado, traspasando de un ejercicio a otro determinadas facturas o gastos que se habían vuelto milagrosamente migratorios. Era yo y sólo yo quién entre diciembre y febrero estaba encargado, haciendo gala de inventiva y sagacidad, de establecer la lista cifrada y manuscrita (no se imprimiría nada) de lo que fuera posible hacer para el arreglo. Todo sin otro apoyo que la aprobación oral dada por mis superiores.

La llegada del déficit

En 1973 llegó la crisis del petróleo que cuadruplicó los precios y trastornó la economía mundial. A partir de 1975, con el plan de reactivación de Chirac (un modelo keynesiano de libro) las finanzas públicas se ponen al rojo, un déficit del que ya nunca se saldrá. A continuación, en 1979, llega la segunda crisis del petróleo. El presidente Giscard d’Estaing tiene una fijación: no dejar que el déficit supere la linea de los 30 mil millones de francos. Los dos presupuestos antes de la llegada de la izquierda aguantan en ese nivel (31 mil millones en los años 79 y 80), mediante el arte de los manejos contables que después de tres años de práctica en la Dirección del Presupuesto ya dominaba bastante.

Llega 1981

Con la llegada de Mitterrand, la cifra del déficit se actualiza a 55 mil millones de francos, cifra que el ministro del Presupuesto Laurent Fabius hace pública.

A finales de junio, urge preparar los presupuestos generales del año 1982, que serán los primero con la izquierda en el poder. Pero los nuevos ministros multiplican sus ruegos al Presidente para obtener más créditos para satisfacer sus necesidades. Entonces nos damos cuenta de que vamos a sobrepasar el límite de los 100 mil millones de francos, cifra que ni los más osados jamás se hubieran atrevido a murmurar.

Un encargo de última hora

En estas circunstancias recibimos una llamada del reciente número 2 de la Dirección del Presupuesto, para convocarnos a una reunión a mí y a Roland de Villepin, jefe del despacho. Eramos considerados entre la fauna local como esa especie, rara en la Dirección, de los economistas manipuladores de cifras (somo de alguna forma ingenieros de la economía). Nos hacen saber que el Presidente ha pedido personal y urgentemente disponer de una regla simple y práctica, pero con la marca del experto y por lo tanto sin apelación, que pueda blandir ante los más coriáceos visitantes «presupuestívoros».

Es necesario actuar rápido. Villepin (primo de Dominique de Villepin) y yo, no tenemos ni idea de qué hacer y a decir verdad ninguna teoría económica nos puede orientar. Pero la petición viene de lo más alto. Ponemos pues al animal presupuestario sobre la mesa de disección. Miramos del lado de los gastos, de su volumen, su estructura, con deuda y sin ella, reagrupando por aquí y por allá. Podemos establecer diversos índices, pero ninguno contundente como arma arrojadiza. Damos la vuelta a la bestia del lado de los ingresos: miramos por el lado de los impuestos, pero estos fluctúan con la coyuntura, varios tienen un desfase de un año… Todo es confuso y difícil de argumentar, y nos han pedido algo para la ostentación pública. El camino de los ingresos no tiene salida. Sólo nos queda una vía: el déficit.

El déficit le suena a todo el mundo: tener déficit es estar mal de dinero; o, si se prefiere, tirar de cheques que habrá que pagar mañana. Además el déficit ha adquirido después de Keynes su título de nobleza económica: es una de las variables más visibles de los modelos económicos. Por si sólo, tiene la envergadura y la claridad para salir del paso. ¡El déficit! Pero, ¿que hacemos con él? ¿A qué compromiso hay que someterle para extraer una norma?

La cosa está clara: el salvavidas todo-terreno de los macro-economistas con falta de referencias es el PIB: todo empieza y acaba en el PIB. Todo lo que es un poco grande parece dirigirse razonablemente a él. Así pues, será el ratio del déficit sobre el PIB. Simple; elemental incluso. Con el déficit sobre el PIB, parece que enseguida vemos algo claro.

Un criterio dudoso

Llegados a este punto se impone un poco de reflexión. Comiéncese por notar que el déficit es un saldo, no una magnitud económica de primer orden, sino el resultado de una operación entre dos magnitudes. Este simple hecho, trivial, comporta dos observaciones. La primera es que un mismo déficit puede obtenerse por la diferencia entre dos cantidades de magnitud muy desigual: 20 mil millones son tanto la diferencia entre 50 y 70 mil millones como entre 150 y 170 mil millones. Ahora bien, y esta es la segunda observación, no puede ser en absoluto indiferente a la economía el hecho de que la masa de gastos e ingresos públicos sea de una cierta amplitud (menos del 35% del PIB como en EEUU o Japón) o que lo sea de otra mucho más grande (más del 50% como en Francia o los países escandinavos); sin ni tan siquiera hablar del contenido de cada una de las masas: no es lo mismo un cierto volumen de ingresos con un IVA al 10% y un impuesto sobre la renta que llegue hasta el 80%, que con un IVA al 20% y un impuesto sobre la renta del 30% como máximo. O alinear un mismo volumen de gastos, pero con un 5% de subvenciones en inversión en un caso o del 20% en el otro. Por lo tanto, vemos que el valor del déficit por si mismo sólo tiene un sentido relativo.

La segunda observación afecta a la pertinencia del índice mismo: ¿dividimos coliflores entre zanahorias? Un déficit no es más que una deuda: es la cifra exacta de lo que hace falta pedir prestado a otros, y, por lo tanto, de lo que habrá que ahorrar durante los próximos años para devolver ese préstamo. Dicho de otro modo, mostrar un déficit en relación al PIB, es relacionar el flujo particionado, escalonado, de los vencimientos a pagar en los años venideros con la única riqueza producida en el año de origen. Hay un desfase temporal. De donde se deduce que el único criterio pertinente es el de la capacidad de reembolso en un horizonte dado (que es el del préstamo), la cual está en función, no tanto del déficit consentido en un año dado, como de la deuda global acumulada (ese año, pero también los precedentes y quizás los venideros) y de la previsión que se puede hacer de los recursos futuros, es decir, de la pareja crecimiento/rendimiento fiscal. El resto no es más que imagen.

Ultima observación, más general: un déficit no tiene el mismo sentido económico según sea algo puramente puntual en una serie de años de equilibrio, el cual será reabsorvido en unos años por la reactivación misma de la economía que ese choque habrá provocado (keynesianismo puro), o según sea un jalón más de un largo período de déficits instalados de forma crónica en la marcha de la economía.

Se comprende entonces que fijarse en el déficit de un año dado no tiene sentido. Y que llevarlo al PIB de ese mismo año menos aún. El ratio déficit sobre el PIB puede como mucho servir de indicador. Sopesa una magnitud y proporciona una idea, inmediata, intuitiva, de la deriva, pero nada más. En ningún caso puede servir de brújula de una política económica. No mide nada: no es un criterio. Sólo tiene el valor de un análisis razonado de la capacidad de reembolso, es decir, de un análisis de la solvencia.

Sin embargo, la cuestión política, no económica, permanece: ¿cómo trasmutar el plomo de un análisis razonado de la solvencia en el oro aparente de una regla sonora, impactante, que pueda ser una llave maestra? Es la cuestión que a última hora de la tarde, en junio del 81, se nos plantea.

Fabricar una norma

Presionados fabricamos la idea del déficit sobre el PIB, una redonda y bonita quimera. Ese será el ratio. Queda ponerle una tasa. Es cuestión de segundos. Miramos cual es la previsión del PIB más reciente proyectada por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) para el 82. Por otro lado tenemos 100 mil millones de euros de déficit para nuestros presupuestos en preparación. Metemos calculadora: la relación entre los dos no está lejos de dar el 3%.

Efectivamente, el 3%. No tiene otro fundamento que el de las circunstancias, pero está bien. 1% sería poco, 2% inaceptablemente comprometido en estos momentos y con pinta de ser demasiado redondo, prefabricado. Mientras que el 3 es una cifra sólida. Y además, en camino de los 100 mil millones de francos de déficit, marca la última frontera que somos capaces de concebir.

Volvemos a la Dirección del Presupuesto con nuestro 3% del PIB, del cual estamos contentos sin llegar a estar orgullosos, y les decimos que en vista de la hora que es y palabra de economista, es lo más serio y fundado que tenemos en ese momento en la trastienda.

Como se dispara el 3%

Francia se hunde. Mitterrand rebaja el déficit real de 120 mil millones de francos hasta los 95 mil millones que son anunciados, menos que el umbral simbólico de los 100 (nuestro 3% del PIB). Es la primera vez en la historia que Laurent Fabius refiere el déficit al PIB, para volverlo más leve, ya que, al fin y al cabo, el 2,6% del PIB que cita a los periodistas no es más que un pellizquito de este.

En el eterno combate económico con Alemania, el Ministro de Economía, Jacques Delors, es el primero en hacer saber que el déficit no debe sobrepasar el 3% del PIB. Aquí nacen las nociones de «déficits aceptables» y de «cifras razonables». A partir de entonces, en las declaraciones de Fabius, Delors y del Primer Ministro Mauroy, el 3% del PIB es la luz que alumbra el camino. Se convierte en el martilleo de una «política controlada de las finanzas públicas». El proceso de aculturación está terminado: lo que es razonable, no es ver en el déficit un accidente, quizás necesario, pero que es necesario corregir; no, lo que se decreta como razonable es añadir cada año a la deuda solamente una centena de miles de millones de francos.

Extensión del alcance del ratio

Y un buen dia aparece el Tratado de Maastricht. Teniamos el 3% en la manga. ¡En Francia lo usamos, es una cifra de expertos! Así pues, pasa a Europa. Y de ahí se extiendería a todo el mundo. Sin ningún contenido, y fruto de las circustancias, de un cálculo por encargo a falta de algo mejor, un buen dia, ¡voilà el paradigma!

A veces, cuando oigo como un mantra repetir el 3% del PIB, me divierto con ese 3 que escogimos y me viene a la memoria el proverbio «numero deus impare gaudet»: Dios ama los números impares.”

Los Trileros Mayores del Reino y la clave de la reforma constitucional

31 Agosto 2011

Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC.

No hace ni siquiera un mes Mariano Rajoy decía a los cuatro vientos que cuando ganase las elecciones “volverá el déficit cero” (es decir, que en ningún caso la administración pública podría gastar más de lo que ingresara). Antes, le había propuesto a Rodríguez Zapatero reformar la Constitución para introducir la obligación de alcanzarlo y el Presidente del Gobierno se rió de la propuesta en el debate sobre el Estado de la Nación de 2010: “Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis. Ésa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad”. El ahora candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba terció en el debate y también descalificó la propuesta de reforma constitucional diciendo: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis” y en marzo de 2011, durante una sesión de control al Gobierno, Rubalcaba recalcó de que “no vamos a imponer por ley del Estado un techo de gasto a las comunidades autónomas, no lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución”.

Ahora, de repente, estos tres grandes dirigentes han desarrollado un auténtico trile para hacer que la población mire a otro lado cuando se disponen a someter los intereses nacionales a los poderes financieros con una ilegítima y muy dañina reforma de la Constitución.

Quien decía que la reforma constitucional no tiene fundamento, ni eficacia ni capacidad, propone en el Parlamento llevarla a cabo urgentemente. El opositor que defendía el déficit cero acepta ahora una fórmula que en la práctica puede permite que los gobiernos de turno se salten la estabilidad presupuestaria cuando les venga en gana. El candidato que ironizaba sobre la propuesta de los conservadores afirmando defender posiciones más progresistas, tercia en el debate y entre los tres desvían la atención de los ciudadanos para aprobar una reforma mucho más lesiva para los intereses sociales que el simple control del déficit.

Veamos qué es lo que ha ocurrido.

El Pacto que no es lo que decían que iba a ser

El pasado 23 de agosto Zapatero anunció en el Congreso su propuesta de modificar la Constitución para controlar los déficit presupuestarios e inmediatamente Rajoy le mostró su apoyo. Enseguida hay protestas incluso en el propio grupo parlamentario socialista, cuyos miembros han sido ninguneados y en la sociedad y Rubalcaba se incorpora al debate proponiendo que el acuerdo contemple suficiente flexibilidad en la aplicación del principio de estabilidad (que en realidad es malo en sí mismo y no en función de que sea más o menos flexible).

En unas horas se presenta el acuerdo y aparece entonces la sorpresa que la inmensa mayoría de los ciudadanos son incapaces de descubrir porque sus representantes ocultan lo fundamental del pacto para seguir hablando de lo que en realidad ha terminado por resultar accesorio.

Lo que ha ocurrido es que el PSOE el PP han “descafeinado” la propuesta que ambos habían hecho con anterioridad.

Inicialmente hablaban de constitucionalizar el déficit cero en sentido estricto, en la misma línea del artículo de la constitución alemana que terminantemente pone un límite al déficit público. Pero en lugar de eso el acuerdo señala que una posterior ley orgánica establecerá un límite al “déficit estructural”, un concepto mucho más sutil que puede permitir que el gobierno de turno tenga mucha más facilidad para saltarse el principio de estabilidad que defienden.

El concepto de déficit estructural no es el resultado del simple saldo de las cuentas anuales del Estado sino el saldo que tendrían esas cuentas en unas condiciones ideales: cuando la economía estuviera en pleno empleo y, por tanto, cuando el PIB realmente registrado fuese igual al potencial (el que se alcanza cuando se utilizan todos los recursos de una economía). El acuerdo político que ampara la reforma lo define como “aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales”.

En la práctica esto significa que a la hora de calcular el saldo presupuestario (estructural) al que se le pondrá techo en la próxima ley orgánica habrá que descontar los ingresos y los gastos que no sean “estructurales” (es decir, los que sean resultado de circunstancias más o menos “anormales” que alejan a la economía de esa situación ideal, por ejemplo de una recesión). Pero su cálculo es muy problemático ya que la forma en que se haga será siempre discutible, nunca objetiva y, además, muy fácilmente manipulable.

Por eso, como dice David Lizoain (El insoportable error del 0,4% ) limitar el déficit estructural del país al 0,4% (que es lo que se prevé que establezca la futura ley orgánica) es “una política radicalmente aberrante para una economía avanzada”. En primer lugar sostiene con razón, siguiendo el análisis de Nick Rowe ((What is a “structural” deficit?), que este concepto de déficit estructural no tiene mucho sentido económico ya que responde a criterios políticos más que económicos. Por ejemplo, si dos gobiernos hacen exactamente lo mismo generando un déficit de la misma cuantía pero uno había anticipado lo que pensaba hacer con los ingresos y gastos cuando llegara una recesión y el otro no hubiera adelantado nada sino que se hubiera limitado a hacer lo mismo una vez que se produjo la recesión, la consideración de su saldo debería ser distinta. En el segundo caso se consideraría que el déficit es estructural (porque sería teóricamente resultado de la recesión) y en el primero no.

Y además, Lizoain indica que la medida es completamente irreal: ni la zona euro ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año en los últimos veinte.

Podemos concluir, por tanto, que lo que finalmente han pactado los dos partidos mayoritarios no ha sido el criterio de déficit cero como habían dicho sino algo muy irrealista y que seguramente solo se pueda cumplir manipulando los registros presupuestarios. Posiblemente, porque así pueden vender a la población, como está haciendo Rubalcaba, que así no hay peligro de que la estabilidad presupuestaria ponga en cuestión los programas sociales (que es lo que lleva consigo la política de estabilidad presupuestaria, sobre todo, en países con déficits sociales como España, tal y como he explicado en mis artículos Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP y Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España). Pero eso no quita que, al mismo tiempo, al introducir en la Constitución el principio de la estabilidad, se esté imponiendo (y además sin debate social) la filosofía neoliberal que implica renunciar a la política fiscal discrecional, con los efectos negativos que ello conlleva y que he tratado de explicar en esos mismos textos.

El contenido verdaderamente nefasto del acuerdo

Pero lo que realmente han conseguido de esta manera los líderes de ambos partidos, es decir, haciendo creer que asumen rígidos criterios de austeridad cuando en realidad no los van a ser, ha sido comportarse como verdaderos trileros porque mientras llamaban la atención sobre el debate del techo presupuestario lo que estaban haciendo era incluir, sin apenas comentarlo públicamente, un nuevo precepto en la Constitución que da “prioridad absoluta” al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado.

Es decir, los parlamentarios del Partido Popular y del PSOE están dispuestos a aprobar sin recurrir al referéndum que permitiera que el pueblo se pronuncie al respecto que si en algún momento faltaran ingresos se dejarían de pagar los servicios más básicos del Estado para hacer frente antes que nada a los compromisos de la deuda.

Esta es, pues, la auténtica clave de la reforma. Una concesión vergonzosa a los poderes financieros que es muy grave por cuanto que supone una cesión de la soberana capacidad de decisión del pueblo español para determinar en un momento dado la prioridad que quisiera darle a sus compromisos de financiación.

En mi opinión, quienes promueven esta medida siguiendo el mandato de intereses extranjeros están traicionando a los intereses nacionales y al impedir que el pueblo español, que es el verdadero poder constituyente que podría cambiar con legitimidad la Constitución, se pronuncie sobre una cuestión tan fundamental están prostituyendo la Carta Magna y convirtiéndola en papel mojado para quienes de verdad asuman los principios del constitucionalismo democrático. Como acaba de señalar claramente Rubén Martínez Dalmau en su artículo ¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?

“Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático (…)

Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático”.

La alternativa, Asamblea Constituyente

Frente al engaño con que se quiere llevar a cabo esta reforma ilegítima de la Constitución que además puede comportar en el futuro un grave daño para los intereses de la nación no cabe otra alternativa, como también indica Rubén Martínez, que activar un nuevo poder constituyente que elabore una nueva Constitución en una nueva Asamblea, un horizonte que me parece fundamental que asuman los movimientos que giran en torno al 15-M y, en general, todas las personas sin distinción de ideologías o posiciones políticas que deseen vivir en una verdadera democracia.

Noruega y Somalia, ¿dónde está la diferencia?

José A. García Saez – ATTAC País Valencià.

Europa está consternada por la muerte de más de 90 personas en Noruega. La horrenda matanza que allí se ha producido deberá servir para reconsiderar la tibieza con la que hasta ahora demasiados gobiernos europeos han tratado a los cada vez más incipientes grupos de ultra-derecha. Que los individuos que forman parte de estos grupos suelen ser un peligro para la sociedad es algo que ha quedado demostrado de manera trágica en la isla de Utoya. De la misma manera, estos sucesos también deberían enseñarnos que sería tan injusto asociar el fanatismo a la religión cristiana y a los noruegos de pura cepa como lo ha sido asociarlo durante tanto tiempo al islam y a los musulmanes.

Al margen de estas consideraciones, es completamente normal la consternación que siente estos días el pueblo noruego y normales son también las muestras de solidaridad enviadas por sus vecinos europeos. Lo que no es tan normal es el agravio comparativo que se produce si al lado de la catástrofe de Noruega colocamos la tragedia de la hambruna que actualmente está azotando a Somaila y al resto de países del Cuerno de África. Según los datos que proporciona la FAO, en Somalia no han muerto 93 personas. Han muerto muchas más. Diariamente pierden allí la vida cientos de personas porque no tienen qué comer. Y esto ocurre en un mundo que cuenta con recursos y alimentos para todos.

A la vista de ello se hace indispensable preguntarse por qué esa diferencia de tratamiento mediático y de impacto social respecto de una catástrofe y otra, ¿dónde está la diferencia? Tan sólo atendiendo al número de víctimas, la actual situación de hambruna debería ocupar más portadas de diarios y copar más titulares de informativos que la matanza de Oslo. ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso es que unas víctimas son europeas y nos identificamos con ellas, mientras que las otras son africanas y quedan demasiado lejos? ¿O el problema es que vale más la vida de unas personas que la de otras? No. Sería demasiado triste. Sería un total fracaso de nuestros sistemas educativos que la gran mayoría de la sociedad crea, como lo hacía el asesino de la isla de Utoya, que la vida de todas las personas no tiene el mismo valor.

El problema, en mi opinión, apunta más bien a la tendencia a considerar el hambre como una catástrofe natural, como una situación que es desagradable y cruel, pero que no podemos evitar. Podremos, como mucho, paliar sus efectos enviando caritativamente algunos alimentos que aquí nos sobran; o, en el mejor de los casos, aportando los gobiernos eventualmente un puñado de millones de dólares que servirán para calmar momentáneamente la situación.

Es momento de acabar con esa creencia. Las situaciones de hambruna, en el mundo de hoy, no son la catástrofe natural, fruto de sequías u otras inclemencias meteorológicas, que nos quieren hacer creer. Las situaciones de hambruna son hoy, en buena medida, la consecuencia de un sistema económico determinado. Debemos empezar a pensar que cuando una persona muere de hambre muere, en realidad, asesinado; y, aunque la culpabilidad esa muerte no es tan fácil de determinar como cuando alguien ha disparado un fusil, pueden encontrarse también las correspondientes responsabilidades.

Unos 1.000 millones de personas se encuentran en una situación de desnutrición en un planeta que produce alimentos para 8.000 millones. Si somos unos 6.500 millones de personas, las cuentas no nos salen: hay alimentos de sobra y, en cambio, una de cada seis personas en el mundo no tiene qué comer. Parece que la mano invisible del mercado se queda corta para distribuir equitativamente los recursos. Buena parte de la población mundial no puede acceder a los alimentos a los que tiene derecho porque éstos han alcanzado en 2011 —siempre según datos de la FAO— el precio más elevado de los últimos 20 años.

Entre las causas de esa general tendencia al alza de los precios debe señalarse la especulación financiera como una de las principales. Organizaciones como el ODG han realizado exhaustivos informes que muestran hasta qué punto están relacionadas el hambre y la especulación. Agentes financieros como Glencore o Goldman Sachs han ganado en los últimos años miles de millones jugando con el precio de los alimentos a través de la bolsa de Chicago, y bancos como Barclays o Caixa Catalunya han ofrecido inversiones en el mercado de materias primas presentándolas como un “depósito 100 % natural” (sic). Estos son sólo algunos nombres para mostrar que hay culpables y que se pueden encontrar las responsabilidades, si no jurídicas, al menos sí morales.

El reto está en comprender la relación de causa-efecto. De igual forma que focalizamos nuestra atención sobre el granjero noruego que disparó sobre los jóvenes del campamento, debemos poner nuestra mirada sobre esos fondos de inversión bancos que se lucran a cualquier precio, incluyendo el de miles de vidas humanas. Es cuestión de afinar el criterio, de no atribuir ya a supuestas causas naturales lo que realmente es fruto de las acciones humanas. Si, por fin, llegamos a la conclusión de que es necesario poner fin al problema de las muertes —o asesinatos— por hambre, deberemos presionar a nuestros gobiernos para que aporten en esta ocasión los 120 millones de dólares que la FAO pide para solucionar la hambruna que azota al cuerno de África (calderilla, si se tiene en cuenta que únicamente el rescate de la CAM ha costado al menos 2.000 millones de euros a los contribuyentes españoles).

Pero fundamentalmente debemos unirnos en la exigencia de tres reivindicaciones imprescindibles:

1) la exigencia de unas reglas comerciales justas, que excluyan del libre mercado bienes de primera necesidad para las personas,

2) la regulación de los mercados financieros con el fin de evitar la especulación, y

3) la cancelación de la deuda externa de los países en desarrollo, que condiciona su producción agrícola destinándola a la exportación e impidiendo el ejercicio de su soberanía alimentaria. Mientras esto no ocurra y miles de personas sigan muriendo diariamente de hambre en el mundo, todas las consternaciones seguirán siendo un agravio comparativo y todos los titulares de prensa seguirán siendo sensacionalistas.

ATTAC

SOBREDOSIS - La peor crisis aún está por venir

El mapa de la gran crisis sistémica que enfrentamos está compuesto por cuatro elementos principales, altamente interrelacionados entre sí: Economía, Energía, Presión Demográfica y Medio Ambiente.
En tiempos de crisis las sociedades buscan líderes fuertes y soluciones simples. Pero... ¿Qué pasaría si las soluciones económicas que se están planteando constituyen los mismos errores que provocaron el desastre?
Este documental describe y analiza la historia de la mayor crisis económica de nuestra época: la que aún está por venir.
Cuando estalló la burbuja financiera global, la solución fue bajar las tasas de interés e inyectar miles de millones de dólares sin respaldo a un sistema bancario enfermo. Justamente esa solución generó un problema mayor, y por eso la próxima crisis será peor aún. Los gobiernos ya se están quedando sin combustible para alimentar la economía. Puede ser que todavía estén en condiciones de salvar a los bancos, pero de ahora en adelante la pregunta más inquietante es quién salvará a los gobiernos...

Los subtítulos en español para este documental fueron realizados por la Red de la Transición de la Comarca Andina (Patagonia, Argentina), y hasta el momento es la única versión en nuestro idioma de esta película. Para ver la ficha técnica completa y mayor información del documental, ir a la siguiente página:
sites.google.com/​site/​sinpetroleo/​cine/​overdose

La Deuda Pública y el Pacto del Euro

Miren Etxezarreta es Catedrática Emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y Doctora por la London School of Economics. En esta entrevista Miren nos explica quiénes son los causantes de la explosión de la deuda pública, a quiénes favorece, a quiénes perjudica, cuál es la política de la Unión Europea sobre esto (Pacto del Euro) y cuáles son las alternativas. Además reflexiona sobre los distintos tipos de economistas, los que miran más la realidad y los que miran la realidad de los poderes fácticos del mundo del dinero.

El otro escándalo del FMI del que nadie habla

Butros-Ghali, condenado a 30 años de cárcel y buscado por la Interpol

Presidió hasta febrero la Comisión Monetaria y Financiera del FMI

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Números gordos

NÚMEROS GORDOS

1 Millón de Euros equivalen a 83 años y 4 meses de salario mensual de un milEurista.

6.000 millones de Euros equivale a un BILLÓN de las antiguas pesetas.

5.340.000 Euros son las retribuciones recibidas durante 2008 por D. Francisco González, Presidente del BBVA. Esta cantidad equivalen a casi 445 años de salario de un milEurista.

17.590 millones de Euros son los beneficios obtenidos por los 'cinco grandes de la banca española'. Esa cantidad equivale a 2,93 Billones de la antiguas pesetas. También a 1.465.833 de años de trabajo de un milEurista.

2.500 millones de personas SOBREVIVEN con menos de 1,50 Euros al día.


Fuente: no le digas a mi madre que trabajo en bolsa

19J CONTRA EL PACTO DEL EURO

El 19 de abril, la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobó seis paquetes de medidas para “fortalecer el control presupuestario y la coordinación de políticas económicas en la zona euro”. Medidas que serán aprobadas por el propio Parlamento en este mes de junio sin prácticamente tiempo para su discusión. Algunas de estas medidas consisten en la vinculación de los salarios a la productividad, aumentar la edad de jubilación y trasvasar fondos a los planes privados de pensiones, introducir en las Constituciones de los Estados la obligatoriedad de limitar los déficits públicos, establecer un calendario para la reducción de la Deuda Pública y disciplinar a los países con desequilibrios macroeconómicos graves, incluyendo la falta de competitividad pero no el paro.

Paco Álvarez nos explica el tipo de medidas que se quieren adoptar y a quienes afectarán de manera directa.

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LA DENUNCIA SILENCIOSA

(recibido por email)

Está comprobado que los millones de msn, correos, vía móvil e Internet ha logrado exasperar a los políticos de este país.
Hay que seguir denunciando y dar curso a todos estos mensajes que les pongan en evidencia.
A partir de hoy, periódicamente, vamos a poner en marcha un mensaje denunciando alguno de los escandalosos privilegios de los que se han dotado los políticos. Para que os hagáis una idea de lo que hablamos, aquí tenéis los cuatro primeros que van a circular.

Los bancos roban y el gobierno mira para otro lado

6 Junio 2011

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa – Consejo Científico de ATTAC.

La aprobación por el Gobierno el pasado viernes de un Real decreto que ha sido calificado por algunos medios como “ley contra los abusos en la banca” pone una vez de relieve la desfachatez gubernamental y la directa complicidad de los poderes públicos con la banca privada para permitirle salir de la crisis con más poder y una situación patrimonial saneada.

Se dice que es un decreto contra los abusos bancarios porque se modifican algunos criterios de cómputo de activos para que la exposición al riesgo de los bancos cuando realizan inversiones especulativas y de ingeniería financiera sea más transparente y, sobre todo, porque establece mecanismos para limitar las remuneraciones de los directivos, además de intervenir en el mercado para evitar que los bancos recurran a las llamadas “guerras de depósitos” ofreciendo intereses elevados que, según el gobierno, luego obligan a aumentar el coste de la financiación a la economía.

Decimos que el decreto es una desfachatez porque no se enfrenta realmente a las causas que provocaron la crisis financiera, porque solo pone paños calientes para hacer como que se regulan de otro modo las finanzas, cambiado algo para que nada cambie, y porque engaña a la sociedad haciendo creer que los abusos de la banca provienen de donde en realidad no vienen.

Lo que hay que controlar no son los sueldos de los directivos sino los beneficios de la banca.

Lo que debería hacer el gobierno no es lanzar este canto de sirena sino, de entrada, someter las remuneraciones astronómicas de los directivos bancarios a impuestos justos y progresivos y no hacerlos desaparecer, como viene haciendo.

Y, sobre todo, impedir que la banca privada pueda generar los beneficios extraordinarios que obtiene a base de financiar mal a la economía productiva y de gozar de un poder de mercado radicalmente incompatible con el buen funcionamiento del sistema financiero e incluso con el juego de poderes democrático que debe primar en una sociedad que se dice democrática.

(leer más en ATTAC)

Telefónica...jugando a los marcianitos

mientras despiden a 8.500 personas

El Banco de España vuelve a la carga

El gobernador del Banco de España confunde a los españoles

Martes, 24 de Mayo de 2011

Ni veinticuatro horas ha esperado el gobernador del Banco de España, desde que se cerraran los colegios electorales, para volver a la carga tratando, una vez más, de hacer pasar las medidas económicas que reclama la banca y la gran patronal como las que interesan al conjunto de la población.

Ante su insistencia, es preciso que la ciudadanía sepa que lo que difunde el gobernador no responde a un criterio indiscutido ni es una verdad científica que haya que acatar inexcusablemente porque no haya otra alternativa posible para resolver los problemas de nuestra economía.

La gente debe saber que lo que dice el gobernador solo es el resultado de preferencias políticas y de juicios ideológicos acerca del mejor o peor funcionamiento de la economía y, por tanto,  que sus propuestas no tienen por qué tomarse como una verdad que esté fuera de toda discusión y que haya que acatar sin remedio.

Las propuestas del gobernador no tienen fundamento científico definitivamente contrastado, no todos los economistas científicos están de acuerdo con ellas, ni se puede demostrar que sean mejores que otras para crear empleo y salir de la crisis. Es más, lo que sí sabemos, porque la experiencia lo ha demostrado, es que cuando se toman las medidas que él viene proponiendo (y que casualmente son las que suscriben la banca y la gran patronal) lo que mejora son las rentas y los beneficios de los bancos y de las grandes empresas mientras que empeoran los de los trabajadores.

En esta última ocasión, el gobernador ha impartido una conferencia en la Asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar en la que ha vuelto a insistir en ideas que no son ciertas y de nuevo con un doble intento: por un lado, hacer que la crisis la paguen quienes la sufren sin haberla provocado para que sus causantes salgan de ella con más beneficios y mejores condiciones de negociación y poder, y por otro, disimular las responsabilidades que el propio gobernador y el Banco de España en general han tenido en la gestación de la crisis como consecuencia de su incompetencia y de su complicidad con el capital privado.

En este texto me limitaré a señalar las ideas divulgadas en esta conferencia que me parecen claramente falsas y que creo más importantes porque tienen una nefasta influencia sobre la política económica que se debería seguir para salir de la crisis.

Exculpar a la banca

Afirma el gobernador que "el problema del sistema bancario español estaba limitado a una parte del sector de cajas de ahorro".

El gobernador confunde a la población porque la realidad es que no se ha hecho un  test que realmente pueda dar a conocer el estado patrimonial de todo el sector financiero. En lugar de ello, el Banco de España hizo los cambios legales oportunos con el fin de que la banca privada pudiera disimular mediante argucias contables su verdadero nivel de deterioro patrimonial, de modo que no es verdad que la crisis de sector financiero haya afectado solo a las cajas. Y, en todo caso, tendría que haber dicho que si a algunas les ha afectado de una manera especial ha sido por haberse desnaturalizado y haber copiado el modo de actuar de la banca privada que dio lugar a la crisis, dejando de lado el interés social que deberían haber perseguido..

La prueba de ello es bien clara: si, según el gobernador, la situación de la banca privada es sólida, ¿cómo se puede explicar la escasez de crédito que sufren nuestras pequeñas y medianas empresas y familias? Si los bancos son tan sólidos, ¿por qué dejaron de darlo?

Lo que ocurre es que para encubrir a la banca privada, el Banco de España viene manteniendo la misma tesis que los banqueros: no hay escasez de oferta de crédito por parte de la banca sino...¡falta de demanda solvente por parte de los sujetos económicos! Y tiene la osadía de decir que lo que ha ocurrido es que, después de una larga época de crédito abundante, se ha contenido la demanda.

¡Que le pregunten a los pequeños y medianos empresarios a ver si es que no necesitan crédito o es que no se lo ofrecen, o que solo se lo ofrecen en condiciones inalcanzables los bancos "sólidos" a los que protege el gobernador! ¿Acaso la demanda era más solvente en los años del boom crediticio?

Culpar a las normas que protegen a los trabajadores

La segunda idea completamente falsa que lanza el gobernador es que las tasas de paro tan altas que sufre nuestra economía se deben "a las dificultades que ofrece nuestro marco legal e institucional a la creación de empleo". Y, en consecuencia, lanza la idea de que "con las instituciones adecuadas (que no menciona porque sabe el mal efecto que tiene pero que todos sabemos cuáles son), no sólo los empresarios podrían ofrecer un mayor número de empleos que fueran rentables para sus empresas sino que, y esto es más importante, los trabajadores tendrían la opción de decidir si quieren aceptar o no esos puestos de trabajo".

Esta idea es falsa porque los empresarios (aunque dispusieran de las instituciones laborales más favorables a sus intereses: despido sin costes, negociación trabajador a trabajador, salarios los más bajos posibles, etc...) no contratarían más empleo si no tuvieran asegurada la demanda suficiente para su producción y beneficios suficientes. El gobernador engaña a la gente con una idea que fue desechada por economistas notables hace ya casi cien años: para que una empresa contrate no es suficiente con que tenga bajo coste sino que debe tener suficiente ingreso. Y resulta que la propuesta que hace el gobernador siguiendo los dictados de la gran patronal, podría se adecuada para alguna empresa o para algún grupo de ellas (para aquellas cuyo ingreso no dependiera de la demanda generada por los salarios de los trabajadores), pero no para la gran generalidad de las empresas que crean empleo en España que son las medianas y pequeñas y cuya demanda sí depende del poder de compra de los trabajadores españoles.

Hay que decirlo bien claro: la política que defiende el gobernador no es la que va a crear empleo porque sabemos que es la misma que se ha venido aplicando en los últimos años y la que justamente ha producido que la actividad económica y, por tanto, el empleo sea menor. Con sus propuestas de reforma laboral no solo no se va a crear más empleo sino que se va a destruir más porque con ellas se debilita aún más la demanda efectiva de la que viven las pequeñas y medianas empresas que crean la inmensa mayor parte del empleo en España.

Y para justificar sus medidas favorables a las grandes empresas (que efectivamente no necesitan demanda proveniente de los salarios españoles porque la tienen en otros mercados globales) al gobernador ni siquiera le importa alterar la lógica de los procesos económicos para seguir confundiendo y atemorizando a la gente. Así dice que "si no se eliminan los obstáculos a la creación de empleo, los mercados acabarán percibiendo que la única forma que tendrá España de recuperar la competitividad dentro de la unión monetaria será la de mantener unas tasas de crecimiento del PIB muy bajas durante muchos años".

Primero, sus anteojeras le hacen confundir los obstáculos que crean desempleo, olvidando que los mayores son la falta de financiación y de demanda. Y luego razona al revés. Lo que hoy día se está produciendo es justamente lo contrario: son las políticas que propone el gobernador las que constituyen un formidable  obstáculo para que se produzca crecimiento económico (sin entrar ahora a valorar que esto por sí mismos sea beneficioso desde otros puntos de vista) y eso es lo que impide que se cree el suficiente empleo. De hecho, se adoptan así porque esos bajos niveles de empleo son los que permiten mantener salarios bajos y aumentar así el beneficio, que es lo que realmente se persigue.

Y es la política de bajos salarios y de bajo gasto público que propone el gobernador para defender los intereses de la banca (que así encuentra más demanda para su oferta de crédito) y de la gran empresa (por las razones que ya he señalado) la que en realidad impide que aumente la productividad y la que impone un tipo de competitividad empobrecedora para nuestra economía porque imposibilita que aumente el necesario capital social, la formación, los incentivos para la innovación, etc. Basta ver que la actividad económica que ha aumentado en los últimos años en que han predominado estas políticas ha sido la que conlleva empleo precario y baja productividad: construcción y servicios personales de todo tipo, principalmente.

La ideología decimonónica del gobernador

Como ya he explicado en otros textos, para defender sus propuestas el gobernador, como los economistas liberales, se sirve de un modelo de análisis que establece que la causa del desempleo se encuentra solo en el mercado de trabajo y que, por tanto, para combatirlo, lo único que hay que hacer es eliminar trabas a la contratación, evitar todo lo que frene la bajada de salarios y acabar con la protección de los trabajadores (sindicatos, convenios, leyes...).

Es un modelo que sabemos que es falso desde hace ya casi un siglo porque la creación de empleo por parte de las empresas depende, sobre todo, de lo que ocurra en el mercado de bienes y servicios. Es evidente que las normas laborales deben ser adecuadas pero por mucho que lo sean, como he dicho antes, si no hay demanda para las empresas no contratarán a un solo trabajador por muy bajo que sea su salario.

Combatir el gasto público

El gobernador también se suma a la cruzada para imponer políticas de austeridad. Una de las más grandes barbaridades de las políticas neoliberales en estos momentos.

Ya he dicho que el problema es que el gobernador parte de un diagnóstico erróneo, como resultado de sus anteojeras ideológicas liberales: no es capaz de contemplar que lo que en realidad paraliza la actividad económica y la creación de empleo es la falta de demanda y la carencia de financiación suficiente y no las normas laborales.

Por tanto, si se sigue sin añadir financiación y si encima se restringe aún más la demanda cortando la que proviene del sector público lo que ocurrirá, por muchas normas que se cambien, como propone el gobernador, es que el motor de la economía se queda con todavía menos gasolina.

A muchos lectores y lectoras este último juicio, aunque le pueda parecer elemental, les resultará increíble y seguro que  responderían: ¿pero cómo es posible que un gobernador que usted se dice que defiende a las empresas propone una política que se afirma que disminuye la demanda y, por tanto, que les reduce el beneficio?

La respuesta es fácil: el gobernador no defiende a todas las empresas por igual. Lo que acabo de señalar hunde a las pequeñas y medianas que ni tienen financiación propia ni más demanda que la que viene del mercado interno. Pero esa política lleva a pagar menos impuestos, a disminuir la provisión pública de bienes y, al fin y al cabo, no afecta, como dije, a las empresas que venden fuera de España. Lo que ocurre es que a éstas últimas se les está permitiendo que se desentiendan de financiar la economía a través de impuestos mientras que el menor gasto público que deteriora los servicios públicos les abre un nuevo yacimiento de beneficio en los servicios privados con mano de obra cada vez más barata.

Además, y como también se ha puesto de evidencia en estudios empíricos, tampoco es verdad que estas políticas de austeridad lleven a soportar menos deuda (La política de austeridad del gobierno español puede generar más deuda que las de estímulo fiscal ). Quizá todo lo contrario. Como la economía crece menos, se termina por tener que endeudarse más y hay que hacerlo a primas más elevadas porque los mercados entienden que va peor. Es decir, que la austeridad no arregla el problema mientras que termina por convertirse en un negocio para la banca que es la que financia la deuda y la que se enriquece con ella.

Las preocupaciones del gobernador

Al menos, no se puede decir que el gobernador no oculte sus intenciones. Lo dice bien claro cuando afirma, dirigiéndose al gobierno y a los parlamentarios como si fuera el dueño de sus voluntades y el dirigente de los designios de la nación, que "debemos concentrarnos en aliviar las preocupaciones de los mercados".

¡Qué dulzura! Claro, no se va a concentrar el gobierno y el Parlamento en aliviar las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras en paro, de los jóvenes que no van a tener en empleo, de los pensionistas o de los miles de pequeños y medianos empresarios o de autónomos que se arruinan porque el Banco de España es incapaz de conseguir lo que es su obligación, que se restaure el flujo de financiación que necesitan y que los bancos dejen de estafar a sus clientes y de especular destruyendo riqueza productiva.

El gobernador nos dice que tenemos que aliviar a los mercados, o sea, a los banqueros e inversores que ganan miles de millones de euros especulando contra nosotros y llevándose sus beneficios lejos del fisco a los paraísos fiscales. Y además nos señala sin tapujos, no vayamos a equivocarnos, a quién echar la culpa y a quién no: "Culpar de esto a la maldad o avaricia de los mercados sería una pérdida de tiempo", nos dice el bueno del gobernador.

Claro que sí. Es mucho más eficaz echársela, como hace él, a los parados que no quieren trabajar porque seguramente estarán más cómodos yendo cada día a jugar al golf o a los empleados que ganan unos cientos de euros pero cuyo afán de ganar unos pocos más le parece al gobernador que desastibiliza la economís y le quita el empleo a los parados, o a los pensionistas, que lo único que quieren es jubilarse cuanto antes para disfrutar de pensiones millonarias como si fueran un banquero cualquiera, o a  las administraciones públicas, que tienen  que dedicarse como pueden a tapar el agujero que han provocado los bancos que debía de haber controlado el gobernador... ¡Qué gran sensibilidad y sentido de la justicia los del gobernador! ¡Qué gran economista y qué gran servidor del Estado!!

Y lo que no dice el gobernador

El gobernador, en suma, se ha dedicado una vez más a pontificar contra las normas laborales, sin decir claramente, eso sí, que lo que pide es menos costes laborales, nada de convenios colectivos, fuera sindicatos, más recortes de gasto público, privatizaciones de servicios públicos y acabar con los privilegios desorbitados que en su opinión tienen los trabajadores españoles (de quien, qué casualidad, se le olvida decir que llevan casi veinte años perdiendo poder adquisitivo) debido a las normas laborales existentes.

El gobernador se mete allí donde no lo llaman, porque ni a él ni al Banco de España le corresponde dictar la política económica al gobierno y  al parlamento, pero luego ni siquiera menciona cuestiones financieras que a él si le tocan de lleno: que el banco de España permitió un endeudamiento gigantesco para que la banca privada se enriqueciera, que no hizo nada para evitar una burbuja inmobiliaria para que los promotores, los constructores y los especuladores se hicieran de oro; que dejó que los bancos cometieran miles y miles de fraudes y engaños ofreciendo a sus clientes swaps, clips y otros productos muy arriesgados como si fueran seguros cuando en realidad se trataba de trucos para hacerles perder miles de euros...

Yo creo que el gobernador no tiene derecho a actuar así y creo que la ciudadanía tiene el de gobernar las cuestiones económicas y financieras. No somos esclavos de los gobernadores de los bancos centrales. ellos son servidores de la ciudadanía. Por eso hay que exigir que el  gobernador del Banco de España deje de juegar siempre en el mismo equipo, que guarde silencio sobre lo que no es de su competencia y que, en lugar de ello, se dedique a cumplir mejor con su deber de supervisar a la banca que ha provocado el desastre económico en el que estamos. 

El comportamiento de este tipo de gobernadores, y en general la existencia de bancos centrales independientes, es incompatible con una democracia real. Por eso no se puede pasar por alto su actuación. Todo lo contrario, es necesario investigar al Banco de España. Hay que determinar por qué sus directivos no oyeron las advertencias de sus técnicos, por qué dejaron que se deteriorase tanto la situación crediticia, por qué ayudaron a que la banca hiciera el gran negocio sabiendo que se estaba creando el desequilibrio que ahora dice el gobernador que es nuestro principal problema económico. Hay que descubrir por qué unos altos funcionarios que se supone que están al servicio de los intereses públicos son retribuidos tan generosamente por el capital privado cuando terminan su mandato público. Hay que exigir al gobierno y al Parlamento que investiguen todo esto y concretamente lo que ha ocurrido con la deuda actual, cuál ha sido el papel de los bancos españoles en su generación y encarecimiento y por qué el Banco de España, en lugar de tomar medidas para que la economía nacional quedara a salvo de los mercados, es decir, de los bancos especuladores, nos dice que lo que hay que hacer es aliviar sus preocupaciones, esto es, procurar que tengan mejores condiciones todavía para aprovecharse de nosotros y para seguir arruinándo nuestra economía.

Y, sobre todo, hay que luchar para que todas esas conductas se declaren cuanto antes crímenes económicos y sean perseguidas penalmente con la máxima dureza.

Juan Torres López (www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Miembro del Comité Científico de ATTAC- España

Vamos a hacer dinero (Let's make money)

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LA CRECIENTE IMPOPULARIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

LA CRECIENTE IMPOPULARIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea tiene un problema grave. Están surgiendo movimientos populares anti Unión Europea (UE) en casi todos los países miembros de tal entidad político-administrativa. Es cierto que la UE nunca fue un concepto popular. En realidad, surgió de unas élites que querían establecer un mercado común para el cual se necesitaba una moneda, el euro, que pasó a sustituir a las monedas nacionales de la mayoría de países de la UE. Sólo en el Sur de Europa aquellos países que habían sufrido (España, Grecia y Portugal) dictaduras fascistas o fascistoides, la UE generó cierta ilusión, pues Europa representaba para la población de estos países la esperanza de salir de las odiadas dictaduras y alcanzar el sueño democrático que asumían era común en el resto de Europa. Incluso hoy, la UE es el sueño de ciertos movimientos secesionistas, como el movimiento independentista catalán, que ve en Europa la manera de independizarse del estado español. Pero, por lo demás, la UE nunca fue muy popular y ahora está siendo considerablemente cuestionada por amplios sectores de las clases populares. ¿Por qué?

(leer el artículo)

Prejubilaciones: el truco del paro

José Antonio Pérez – ATTAC Madrid

Una de las leyendas negras que los detractores (destructores) del Estado del Bienestar hacen circular es la de que las prestaciones por desempleo, aparte de fomentar la vagancia, son percibidas de manera fraudulenta. Sin embargo, son esos altos directivos que tanto pontifican a la hora de pedir el retraso de la edad de jubilación, quienes no aplican la regla en casa propia. En las grandes empresas, las prejubilaciones siguen estando a la orden del día, recurriendo, entre otros trucos, a enviar a la gente a cobrar la prestación de paro. O sea, que la operación se carga al presupuesto público por partida doble.

A principios de 2010, el ex vicepresidente del Gobierno, ex director del Fondo Monetario Internacional y a la sazón presidente de Caja Madrid, echaba su particular cuarto de espadas en la monserga neoliberal sobre las pensiones públicas: El sistema público de pensiones dejará de ser viable a partir de 2022 si no se acomete cuanto antes una reforma.

Esta era la principal conclusión del informe elaborado por un comité de “expertos” presidido por Rodrigo Rato. El comité estaba integrado por Juan Chozas (ex secretario de Empleo), Juan Manuel Eguiagaray (ex ministro de Industria y Administraciones Públicas), José María Fidalgo (ex secretario general de CCOO), Víctor Pérez Díaz (catedrático), Xavier Sala-i-Martín (economista) y Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, la patronal de las compañías aseguradoras que financió a este comité.

Naturalmente, quien paga los violines escoge la música, y a las aseguradoras les interesa mucho quedarse con el negocio de las pensiones privadas. Bailando al compás marcado por Unespa, Rato aconsejó entonces que se prolongue la vida laboral efectiva de los españoles. Y el principal camino para conseguirlo es eliminar las prejubilaciones masivas que se están acometiendo, que “utilizan al sistema público de pensiones para ajustar el mercado laboral” y para sacar del sistema de empleo a personas a partir de los 50 años, dijo Rato.

A finales del verano, en septiembre de 2010, el mismo Rodrigo que con tanto empaque se había pronunciado contra las jubilaciones anticipadas, no tenía el menor empacho en promoverlas en su propia empresa. Dentro del proceso de fusión de cajas de ahorro, la creación del SIP liderado por Caja Madrid y Bancaja contemplaba prejubilaciones a partir de los 55 años. Aparte de las entidades madrileña y valenciana, integran esta fusión virtual las cajas de Ávila, Segovia, Rioja, Insular y Laietana.

Fuentes del SIP estimaron entonces que: “Tienen que salir 3.800 personas, 1.600 de las cuales vienen de Caja Madrid, y 53 años es la edad mínima para que salga justo esa cifra. Ahora bien, lo que van a hacer las entidades es alargar las prejubilaciones durante varios años. De esta forma, empezarán por los empleados mayores de 55 años el primer año, seguirán al siguiente por los que cumplan esta edad y así sucesivamente”.

Al llegar las navidades de 2010, Rodrigo Rato ofreció a los sindicatos (que también mantienen un discurso de boquilla contra las prejubilaciones) las mejores condiciones de todas las cajas de ahorros para los empleados afectados por los recortes de plantilla.

Este acuerdo supone, en primer lugar, que todas las salidas se harán mediante prejubilaciones como pedían los sindicatos. La edad de salida será de 55 años en 2011 (54 en 2010). Los que tengan que irse lo harán con el 95% de su salario fijo neto (80% del bruto), el porcentaje más alto de todas las fusiones de cajas. Aparte de llevarse ese porcentaje del sueldo, los trabajadores mantendrán el derecho a cobrar el plan de pensiones que les hubiera dotado su caja.

Para llevar esto a cabo, las entidades se han buscado un truco, idea del despacho laboral Sagardoy según las fuentes consultadas: a cambio de estos privilegios, los trabajadores afectados tendrán que pasar dos años cobrando la prestación del paro antes de prejubilarse. De esta forma, las cajas no les pagan un euro durante los dos próximos años, ya que todo corre a cargo del Estado y de las contribuciones de los trabajadores.

A todo esto, la opinión pública parece haber olvidado que la reforma de las pensiones está ‘cociéndose’ en el Congreso de los Diputados en el mayor de los sigilos.

(los destacados y colorines los he añadido yo)

La banca, Fedea y la cultura económica dominante

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de marzo de 2011

Este artículo señala las semejanzas en la manera como la industria farmacéutica configura la cultura médica y como la banca influencia la cultura económica. El artículo alerta del peligro que supone para la sociedad, la instrumentalización de las Universidades por grupos de presión como la banca a fin de promover su ideario político. El artículo muestra casos de cómo el capital financiero ha influenciado las políticas financieras del estado y como ha instrumentalizado el mundo universitario para reproducir la ideología económica sensible a sus intereses.


Uno de los mayores escándalos en la comunidad científica fue el descubrimiento de que varios científicos, que estaban asesorando a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la bondad de la vacunación masiva contra la epidemia de gripe porcina, estaban, en realidad, trabajando para la compañía farmacéutica que estaba fabricando tal vacuna, hecho que tales científicos no habían declarado.
Como era de esperar, hubo una protesta generalizada, no sólo en la comunidad científica, sino también en la gran mayoría de medios de información, sobre la falta de neutralidad y objetividad de aquellos científicos que, al trabajar para la compañía farmacéutica que se beneficiaría de la decisión que tomó la OMS, estaban sesgando su asesoramiento a la OMS con el fin de favorecer otros intereses económicos.
En realidad, tal conflicto de intereses ha sido una práctica constante en la cultura científico-sanitaria, lo cual ha motivado toda una serie de medidas, tales como la necesidad de que los científicos tengan que declarar públicamente sus relaciones con grupos farmacéuticos u otros intereses económicos que puedan beneficiarse del trabajo del científico. Y, en muchos casos, deben también excusarse y no participar en funciones de asesoramiento a las autoridades públicas que deban tomar decisiones que afecten a los intereses de tales grupos económicos.

Es curioso (y preocupante) que tales políticas sostenedoras de la integridad científica y de la protección del interés público no se respeten en las áreas económicas. Así, en EEUU, 13 de los 19 economistas que han estado trabajando en el equipo económico del Presidente Obama, o que le han estado asesorando, estaban también asesorando a la banca sobre la cual el gobierno federal estaba actuando.

Un tanto semejante ocurre en la rama legislativa del gobierno federal. De los 96 testimonios producidos por economistas frente a los dos comités más importantes del Congreso de EEUU en temas de regulación bancaria (Senate Committee of Banking y Finantial Services Committee), un tercio de las declaraciones se realizaban por economistas próximos a la banca que no declararon tal relación en la presentación de su testimonio. Todos ellos se presentaron como economistas (la gran mayoría universitarios), científicos objetivos, comprometidos con el bienestar de la población. Como bien señaló más tarde un Senador de tal Comité, que se indignó al descubrir estas conexiones, “no puede asumirse automáticamente que el bienestar de la banca y el bienestar de la población coincidan”. De ahí la necesidad de que las conexiones y simpatías de los economistas debieran declararse.

De la misma manera que ha habido un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la industria farmacéutica en la práctica médica, debiera haber un movimiento de protesta frente a la excesiva influencia de la banca en el desarrollo de las políticas económicas. Al igual que los estados de la mayoría de países desarrollados han llevado a cabo políticas encaminadas a proteger a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de esta excesiva influencia de la industria farmacéutica en el desarrollo de la cultura sanitaria (protección todavía muy limitada en España), hace falta que se desarrollen medidas semejantes orientadas a proteger a la ciudadanía de la excesiva influencia de la banca y otros grupos de presión.
Sin embargo, no se han tomado medidas preventivas que protejan a la ciudadanía y a los profesionales de la excesiva influencia de la banca en configurar la cultura económica.
En EEUU, varios catedráticos de economía han protestado a la Asociación Americana de Economistas (The American Economic Association) sobre esta excesiva influencia de la banca en los mayores centros universitarios de estudios económicos, y que explica, en parte, su incapacidad de predecir la enorme crisis económica y financiera que estamos viviendo.

Una situación semejante debiera ocurrir en España, donde la influencia de la industria farmacéutica y de la banca en configurar la sabiduría convencional en su área de conocimiento (sanidad y economía) es, a todas luces, excesiva. En el caso de la banca, los mayores centros y grupos de investigación social y económica en España están financiados por la Banca y por las Cajas, que determinan la “ortodoxia” económica, ortodoxia que ha fracasado rotundamente en esta situación de crisis. Hoy existe una enorme necesidad de cambios profundos en las ciencias sociales, incluyendo las ciencias económicas, que no sólo ignoraron las causas de las crisis, sino que contribuyeron a ella.

Esta reforma requiere, sin embargo, un cambio muy sustancial de los sistemas de financiación e incentivos de la investigación social y económica. Ni que decir tiene, que la universidad debe estar abierta a la sociedad y servirla. Como tal, debe contribuir al desarrollo político, social y económico del país, investigando y asesorando a sus distintos componentes, incluyendo, como no, el mundo empresarial y financiero. Pero ello no debe ocurrir mediante la instrumentalización del mundo universitario por parte de estos intereses económicos y financieros. El mejor ejemplo de cómo no debería hacerse son las Cátedras Fedea, que son financiadas por la banca y por las empresas que están a su servicio. El establecimiento de estas Cátedras es la violación de la integridad del proyecto académico y de su objetividad y neutralidad. Todos los estudios de Fedea muestran la coincidencia entre los análisis y propuestas de tales Cátedras y los de la Banca. No es pues su objetivo el aumentar el conocimiento científico sino el de promover y propagar el ideario de tal grupo de presión.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, ex Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Barcelona